Las “Mocha sueldo” son rechazadas por la ciudadanía. Una encuesta de Ipsos evidenció que la población se encuentra en contra de las acciones tomadas por las congresistas, quienes son denunciadas por presuntamente quedarse con una parte del sueldo de sus trabajadores.
María Cordero Jon Tay, Magaly Ruíz, Heidy Juárez, Rosio Torres y Katy Ugarte continúan en el ojo de la tormenta. Luego de que se hicieran conocidas las denuncias en sus contras de parte de sus trabajadores parlamentarios, un estudio de opinión consultó sobre las sanciones que deben recibir las legisladoras acusadas de recortar el sueldo a sus empleados e identificó que los entrevistados piden máximas sanciones contra ellas.
Solo en Lima, el 80% de los encuestados se encuentra a favor de que las cinco legisladoras sean desaforadas y sean privadas de su libertad por el presunto delito contra la administración de modalidad de concusión. De igual manera, el 17% pide que sean desaforadas o expulsadas del Parlamento “de inmediato”.
Solo un pequeño porcentaje de limeños asegura que deberían sean suspendidas. Luego de ello, están de acuerdo con que vuelvan a ser legisladoras. Se trata de una cifra de apenas el 2%.
Más del 90% de los peruanos pide que las congresistas Mocha sueldo reciban sanciones drásticas. (Fuente: Ipsos / Perú21)
Una situación similar se ve en el interior del país. Según la encuestadora, el 73% de los entrevistados afirmó que las congresistas “Mocha sueldo” deben ser desaforadas y deben cumplir prisión por el supuesto delito cometido en agravio de sus trabajadores.
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Un porcentaje mayor que en el caso de Lima se mostró a favor de que sean desaforadas y expulsadas del Poder Legislativo. El 21% de los participantes de esta encuesta se mostró de acuerdo con estas sanciones.
Una cifra ligeramente mayor expresó su disconformidad con las medidas drásticas. El 3% de la población estudiada indicó que solo deben ser suspendidas y luego deben retornar a sus labores legislativas.
En total, el 75% pide que las parlamentarias sean desaforadas y vayan a prisión, mientras que el 19% sostuvo que deben ser desaforadas y expulsadas de inmediato del Congreso.
Desafuero en marcha
Luego del escándalo que involucra a María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), Magaly Ruíz (APP), Heidy Juárez (PP), Rosio Torres (APP) y Katy Ugarte (APP) en el supuesto recorte de sueldo de sus trabajadores, se han presentado dos denuncias constitucionales en contra de las funcionarias. La fujimorista Marta Moyano presentó este recurso en contra de Jon Tay y esta fue aprobada en la Comisión Permanente.
La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también interpuso una denuncia constitucional contra Heidy Juárez, exmiembro de APP, por el presunto delito de concusión, la cual también fue aprobada. No obstante, Juárez aseguró que teme que no sea un proceso objetivo por estar implicada la parlamentaria Lady Camones.
“Mocha sueldos” en Comisión de Ética
Las cinco congresistas ya fueron denunciadas ante la Comisión de Ética del Poder Legislativo. El grupo de trabajo liderado por Karol Paredes se encuentra investigando estos casos que despertaron la indignación de la población. Sin embargo, de acuerdo a declaraciones de la presidenta de esta comisión, la máxima sanción que recibirían las acusadas sería la suspensión de sus funciones durante 120 días.
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Además, explicó que es un procedimiento que demora por todas las etapas que debe atravesar. “Como parte del proceso, quisiéramos que esto se termine en un mes y medio, máximo dos o tres, creo quen el lunes 8 vamos a tener claridad respecto a esto. Nosotros llevamos una propuesta, pero estas deben ser debatidas y aceptadas en la Comisión”, dijo.
Según detalló, no se le puede dar la celeridad que estas denuncias merecen porque se han identificado “nudos críticos” que impiden que se tomen decisiones con rapidez. No obstante, indicó que se han presentado proyectos para reformar el reglamento y “hacer un trabajo no solo eficiente, sino también respetando el debido proceso”.
fuente: Infobae
