El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó este 15 de abril un documento oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exigiendo la suspensión de la proclamación de resultados de las elecciones generales de 2026. El pedido se fundamenta en presuntas irregularidades logísticas por parte de la ONPE que, según el candidato, habrían alterado el orden de quienes pasan a la segunda vuelta.
La solicitud ocurre en un escenario de alta tensión política, luego de que el conteo oficial al 89% ubicara a Roberto Sánchez en el segundo lugar, desplazando a López Aliaga al tercer puesto por un margen mínimo de votos.
Fundamentos del reclamo
El documento presentado detalla una serie de argumentos técnicos y estadísticos para cuestionar la legitimidad del proceso:
- Exclusión de votantes: El candidato alega una «exclusión forzada» de más de 600,000 ciudadanos debido al desabastecimiento de material electoral y retrasos en la apertura de mesas, especialmente en Lima Metropolitana.
- Análisis de ausentismo: El informe compara las cifras de ausentismo, señalando que en 2026 escaló al 20.14%, frente al 13.35% registrado en 2016. López Aliaga sostiene que esta diferencia no es voluntaria, sino producto de las fallas operativas.
- Cifra de perjuicio: La agrupación política afirma haber perdido aproximadamente 120,000 votos, cantidad que, de ser validada, superaría la brecha actual entre el segundo y tercer lugar del conteo.
Pedidos específicos al JNE
El recurso legal de Renovación Popular exige acciones inmediatas a las autoridades electorales:
- Suspensión de la oficialización del segundo y tercer puesto en la contienda presidencial.
- Informe detallado de la ONPE: En un plazo de 72 horas, el organismo deberá precisar cuántas mesas abrieron con retraso y cuántos ciudadanos se retiraron de los locales sin sufragar.
- Convocatoria del Pleno: Una reunión urgente del Pleno del JNE para debatir las denuncias de falta de transparencia y legitimidad.
Por su parte, el candidato ha endurecido su discurso, advirtiendo con convocar a una marcha nacional en caso de que el sistema electoral no atienda sus demandas de nulidad o revisión de los comicios.
