Tras meses de evidentes dilaciones, el caso de ‘Los Niños’ se vería por fin en el Pleno del Congreso de la República. El Consejo Directivo incluirá el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que pondría en jaque la situación de los parlamentarios Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza de la bancada de Acción Popular.
Según el documento de la SAC, los legisladores Doroteo, Vergara, Flores y Espinoza habría cometido los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias al tener nexos con el gobierno de Pedro Castillo. Además, se ha recomendado que reciban una sanción de diez años para ejercer la función pública. La Comisión Permanente había dado el visto bueno a la acusación previamente el 5 de abril pasado.
De hecho, los integrantes de Acción Popular la libraron en la Permanente porque allí se desestimó que también sean acusados por la comisión de los presuntos delitos de colusión simple y agravada, y de cohecho pasivo impropio, así como de la infracción constitucional.
Hay que señalar de este caso fueron absueltos los legisladores Juan Carlos Mori Celis e Ilich López por falta de pruebas.
El Ministerio Público les atribuye la presunta negociación de su respaldo al expresidente Pedro Castillo -frente a los distintos intentos de vacancia– a cambio de obras para sus regiones o favorecer a sus recomendados en puestos claves del Ejecutivo.
Más investigados
Según el diario La República, la fiscal Patricia Benavides solicitó al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder si existe algún colaborador eficaz que tiene algún testimonio que incrime a algún legislador de las siguientes bancadas: Alianza para el Progreso, Perú Libre, Cambio Democrático y Perú Libre. De esta forma, el caso ‘Los Niños’ se ampliaría a otros grupos políticos.
La titular del Ministerio Público hizo este requerimiento tras una denuncia hecha por la ciudadana Liz Johvana Laberian Valencia, quien se basó en un reportaje del programa Panorama que destapó que Zamir Villaverde hizo pagos de 3.500 dólares a parlamentarios para evitar la censura del exministro Silva. Ella les atribuyó el presunto delito de cohecho pasivo propio.
Sin embargo, la fiscal Benavides no solo desea quedarse en la denuncia ciudadana y apunta a que un colaborador eficaz brinde información para avanzar con las diligencias. De momento, tiene una lista de posibles parlamentarios que estarían próximos a ser incluidos en investigaciones.
Patricia Benavides enfrenta una investigación por recibir una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien es investigado por la fiscalía. (Radio Onda Azul)
Fuente: INFOBAE
