La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su «extrema preocupación» ante el inicio de procesos disciplinarios y de ratificación contra el juez superior Oswaldo Ordóñez. Estas acciones han sido interpretadas por el organismo internacional como presuntas represalias institucionales tras la participación del magistrado en una audiencia sobre la independencia judicial en Washington D.C.
Contexto de la denuncia
Oswaldo Ordóñez, quien preside la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, intervino en la audiencia 191 de la CIDH en noviembre de 2024. Durante su exposición, advirtió sobre la existencia de una coordinación entre la mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo para desestabilizar el sistema de justicia mediante normas que limitan la autonomía de jueces y fiscales.
Entre las críticas del magistrado destacaron:
- El debilitamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público.
- El cuestionamiento a leyes sobre colaboración eficaz, prescripción de delitos y allanamientos.
- La responsabilidad penal de los partidos políticos.
El proceso en la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
La alarma de la CIDH se activó al conocerse que la intervención del juez ante el sistema interamericano fue incorporada en su procedimiento de evaluación integral y ratificación. De este proceso, a cargo de la JNJ, depende su permanencia en el cargo de magistrado.
El organismo recordó que el artículo 63 de su Reglamento prohíbe estrictamente a los Estados ejercer cualquier tipo de sanción o represalia contra personas que aporten información en sus audiencias públicas. Abrir un proceso disciplinario por estas declaraciones vulneraría, según la CIDH, los principios de libertad de expresión e independencia judicial.
Reacciones institucionales
- Poder Judicial: Emitió un comunicado aclarando que las palabras de Ordóñez no representaban la postura institucional del organismo, sino a la asociación privada que preside.
- JUSDEM: La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia respaldó al magistrado, señalando que los jueces no pierden sus derechos fundamentales por su función y que las preguntas realizadas durante su entrevista de ratificación sobre la audiencia ante la CIDH fueron improcedentes.
- Estado Peruano: Ha sido emplazado por la Comisión a garantizar evaluaciones técnicas e imparciales, libres de elementos que puedan coaccionar la independencia de los jueces que dialogan con instancias internacionales.
Este caso subraya la tensión actual entre los gremios de magistrados y los poderes políticos en el país respecto a la autonomía del sistema de administración de justicia.
