El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha determinado, de manera unánime, que no se llevarán a cabo elecciones complementarias tras los comicios del pasado 12 de abril. Esta decisión técnica y jurídica pone fin a las solicitudes de diversos sectores políticos que buscaban repetir la votación en mesas y circunscripciones específicas de Lima Metropolitana antes de la segunda vuelta.
Sustento de la decisión
La resolución del máximo organismo electoral se basa en la imposibilidad logística y legal de organizar nuevos comicios en el corto plazo. Los puntos clave de la decisión incluyen:
- Informe de la ONPE: El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, sostuvo que no existe un marco legal que permita realizar elecciones complementarias bajo las condiciones actuales y que el factor tiempo hace materialmente imposible su ejecución en los distritos donde no se instalaron mesas.
- Principios electorales: El JNE reafirmó que el proceso se rige por los principios de preclusión, seguridad jurídica y legalidad, los cuales impiden retroceder etapas una vez concluidas.
- Labores actuales: La institución se encuentra enfocada en la resolución de actas observadas y solicitudes de nulidad para consolidar los resultados oficiales.
Reacción de Rafael López Aliaga
Tras el anuncio del JNE, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó duramente la decisión y persistió en sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso.
- Auditoría Internacional: El exalcalde de Lima solicitó una «auditoría internacional» al sistema electoral, argumentando que la negativa del JNE le resta legitimidad al proceso.
- Denuncias Penales: López Aliaga anunció la presentación de denuncias penales contra Piero Corvetto (titular de la ONPE con vivienda allanada recientemente) y Roberto Burneo (presidente del JNE). Al segundo lo acusa de presunta omisión dolosa por no haber suspendido las elecciones durante una semana ante las incidencias reportadas.
Compromiso institucional
Mediante un comunicado oficial, el JNE subrayó que continuará ejerciendo su función jurisdiccional con firmeza e independencia, asegurando que su prioridad es garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y la integridad de la democracia en esta etapa final del proceso electoral 2026.
