Nombrado hace dos meses por la presidenta Dina Boluarte, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, enfrenta cuestionamientos tras aparecer en registros policiales por presunta apropiación ilícita durante su etapa como abogado.
El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, designado hace apenas dos meses por la presidenta Dina Boluarte, enfrenta cuestionamientos tras figurar en registros policiales por presunta apropiación ilícita durante su etapa como abogado.
La República verificó este antecedente, que confirma su vinculación con un caso formal ante la policía. Además, se le atribuyen investigaciones relacionadas con presunta estafa y tráfico de influencias, lo que ha generado dudas sobre su mandato al frente de los 69 establecimientos penitenciarios en el territorio nacional.
Historial de denuncias policiales del presidente del INPE
Durante su etapa como abogado, Emilio Iván Paredes Yataco fue contratado para representar un caso de usurpación. El acuerdo inicial establecía un pago total de $10.000, dividido en dos cuotas de $5.000, que incluía la redacción de una denuncia penal. Además, se le abonó un adelanto de $3.500. Según la denuncia policial, Paredes no cumplió con su parte del acuerdo, ya que no entregó los documentos pactados ni devolvió el dinero. También se habría negado a emitir los recibos correspondientes por los pagos recibidos.
A pesar de los intentos del denunciante por recuperar el dinero y los documentos, el funcionario no brindó una respuesta satisfactoria. Además, se reportaron mensajes con insultos e intimidaciones a través de WhatsApp. Por este motivo, el caso ha sido sometido a una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, que abrió una carpeta fiscal para determinar las posibles responsabilidades legales de Paredes Yataco.
Otra denuncia involucra a Paredes en un altercado ocurrido en presunto estado de ebriedad, en el que se alega agresión física. El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:45 p.m. del 14 de mayo de 2018, en la zona de Jesús María, Lima. Varias personas intervinieron, y la gravedad del hecho requirió la actuación de la Policía Nacional.
Sindicato y expertos piden transparencia en la gestión del INPE
Adela Huamancusi Quispe reveló en Cuarto Poder que en abril de 2019 entregó cerca de S/80.000 (20 mil dólares y 10 mil soles) a Iván Paredes Yataco para gestionar la liberación de su esposo, trámite que nunca se concretó. Según su testimonio ante la Fiscalía, el dinero fue entregado de manera informal, sin recibos ni documentos oficiales.
Huamancusi presentó pruebas que incluyen siete audios, chats y fotografías, entre ellas una grabación en la que Paredes asegura: “Yo se lo voy a devolver, no le estoy diciendo que no”. Estos elementos llevaron al Ministerio Público a derivar el caso a la fiscalía especializada para investigar posibles indicios de tráfico de influencias y la intención de estafa al ofrecer servicios legales que nunca se realizaron.
Por otro lado, el Sindicato del INPE informó que, desde el inicio de su gestión, conocían que Paredes acumulaba al menos 23 denuncias policiales y 18 carpetas fiscales, que incluyen presuntas intervenciones por conducir en estado de ebriedad, resistirse a la autoridad y provocar accidentes de tránsito.
Ángel Llacari, secretario del sindicato, dijo a La República que se debe realizar “una investigación exhaustiva respecto de los casos imputados”. Por su parte, el abogado penalista Julio Rodríguez señaló que, aunque existen carpetas fiscales abiertas contra Paredes, la ley solo impide ocupar cargos públicos si hay una sentencia condenatoria firme. “La presunción de inocencia se mantiene, pero eso no debe ser excusa para ignorar los antecedentes de quienes asumen funciones tan importantes”, indicó.
Rodríguez aclaró que, legalmente, una persona con investigaciones fiscales puede asumir un cargo público mientras no exista una sentencia firme que lo inhabilite. Ante ello, Llacari indicó a nuestro medio que «el sindicato promueve, a través de un proyecto de ley, que los puestos de dirección en penales, direcciones regionales e incluso la presidencia del INPE sean meritocráticos y no puestos de confianza, como hoy se viene haciendo dando lugar a este tipo de cuestionamientos».
El INPE, consultado ante la denuncia policial registrada contra su presidente, respondió que el caso fue archivado y que no hay mayor pronunciamiento al respecto.
Fuente: La República
